El juicio oral contra el alcalde Lucio Juárez Ochoa y los co acusados por el delito de colusión en agravio del Estado, que se desarrolla en la Sala Penal Liquidadora de Chincha, parece estar llegando a su fin, no sin antes dejar a la luz las presuntas irregularidades que se cometieron en la adquisición de la planta de asfalto. Uno de los acusados manifestó a los jueces que la propiedad de la planta fue acreditada solo con un compromiso de quien hoy también sigue el proceso.
Durante los interrogatorios formulados por el Fiscal Superior contra Carlos Amador Carpio Espejo –quien participó en las evaluaciones y la elaboración de las cláusulas de las bases para la compra de esta maquinaria–, el acusado ha mencionado ante la sala que no se presentó una factura que certifique que la planta de asfalto era de propiedad de Miguel Ramos Quijandría y que solo se aceptó una declaración jurado de la que ahora desconoce su destino.
En su oportunidad, el otro acusado César Yache Raymundo señaló que Carlos Quintanilla Quispe dijo que la declaración jurada era el documento necesario y suficiente para abrir la propuesta técnica; decisión que habría sido tomada por acuerdo de este último junto a Carpio, quien también estaba sindicando a Yache como una de las personas que aprobó justificar la documentación presentada por Ramos Quijandría, sin objetar ninguna de las formas como se desarrolló el proceso.
Asimismo, la abogada de la Procuraduría le preguntó a Carpio si tenía experiencia en contrataciones. Ante ello, el acusado señaló que era la primera vez que hacía ese tipo de trabajo y que estuvo acompañando a la comisión hasta la apertura del sobre de las propuestas. Esta misma persona sorprendió a la sala cuando señaló que ejerció sus funciones en el comité de adquisiciones sin recibir un sueldo y que solo lo hizo por ganar experiencia para su currículum.
¿TE GUSTÓ ESTA NOTICIA?