El mal manejo de los fondos de la caja chica de la Municipalidad Provincial de Chincha llevó al exalcalde Félix Amoretti Mendoza a la Sala Penal Liquidadora, donde, después de la fundamentación y descargo de los acusados, se resolvió la sentencia de los seis procesados, dictándose cuatro años de pena privativa de la libertad a los autores, además de inhabilitarlos a ejercer cargos públicos por el plazo de un año, el cumplimiento de normas de conducta y el pago de una reparación civil. La sentencia fue apelada por el Ministerio Público por considerarla "benigna".Junto a Amoretti Mendoza figuran sentenciados como autores Paola Julissa Ortiz Barrios y Edilberto Chacaliaza Arias, y como cómplices primarios están Santiago Almeyda Matías, Gloria Román de Casas y Juan Félix Carpio Vivanco, a quienes se les encontró responsables por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio de la Municipalidad Provincial de Chincha y del Estado peruano.
Los autores deberán pagar por el delito cometido con cuatro años de pena privativa de libertad con periodo de prueba de dos años; mientras que los encontrados como cómplices primarios fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad y uno para el periodo de prueba.
Además de cumplir ciertas normas de conducta, los seis procesados deberán acudir a firmar al juzgado de su jurisdicción mensualmente y pagar la reparación civil de más de 10 mil soles.
De acuerdo a lo seguido en la Sala Penal Liquidadora sobre este caso, a dar su testimonio acudió una de las integrantes de la comisión que realizó la auditoría por encargo de la Contraloría General de la República. Esta aseguró que en el arqueo de caja se encontró mal manejo de los fondos (186 mil soles) en la gestión del exalcalde provincial Félix Amoretti Mendoza. Esto solo en el periodo junio 2004 – julio 2005 y pese a que desde la comuna no se dieron las facilidades a los peritos para conocer a los supuestos proveedores.
La sentencia solo acredita al exalcalde y demás procesados la apropiación de S/. 18,827.20, hecho que motivó al Fiscal Superior a presentar su apelación al considerar la pena como "benigna". A este pedido se sumó la abogada de la Procuraduría Pública Anticorrupción.
El reclamo fue aceptado por los jueces de la Sala Penal Liquidadora de Chincha.
La defensa de los sentenciados también apeló, pero por diferendo de concepto, pese a lo comprobado. ¿TE GUSTÓ ESTA NOTICIA?